La causa penal 86/99 investigó a suboficiales del Destacamento Puerto Rosales por presuntas irregularidades en la prestación de servicios de Policía Adicional en instalaciones petroleras de Oiltanking Ebytem. La investigación puso bajo la lupa la utilización de personal policial durante sus horarios de guardia, una situación que habría dejado desprotegido el puesto de vigilancia asignado.Una denuncia penal presentada ante el Juzgado Federal N.º 2 dio origen a la causa 86/99, en la que se investigó la participación de suboficiales del Destacamento Puerto Rosales en un esquema irregular de prestación de servicios de denominada «Policía Adicional» en buques petroleros y terminales marítimas vinculadas a la empresa Oiltanking Ebytem.
Los servicios cuestionados se desarrollaban en las monoboyas Punta Ancla y Punta Cigüeña, instalaciones estratégicas utilizadas para las operaciones de carga y descarga de hidrocarburos. El eje central de la denuncia consistía en determinar si efectivos policiales realizaban tareas adicionales de vigilancia en dichas instalaciones mientras debían encontrarse cumpliendo sus funciones ordinarias de guardia en el destacamento.

La irregularidad no era menor: mientras los efectivos habrían prestado servicios remunerados de Policía Adicional para una empresa privada, el puesto policial que tenían asignado podía quedar sin la cobertura correspondiente. De esta manera, la investigación planteó interrogantes sobre el cumplimiento de las obligaciones funcionales, la utilización de recursos humanos del Estado y la eventual percepción irregular de remuneraciones por tareas que debían realizarse dentro del horario de servicio ordinario.
Los delitos denunciados
La presentación judicial incluyó imputaciones de considerable gravedad institucional. Entre las figuras penales denunciadas se encontraban:- Defraudación al Estado: por las presuntas irregularidades relacionadas con la prestación y percepción de pagos por servicios de Policía Adicional.- Asociación ilícita: por la posible existencia de una actuación coordinada entre los involucrados.- Amenazas: por hechos que también fueron incorporados a la denuncia.- Violación de los deberes de funcionario público: por el presunto incumplimiento de las obligaciones inherentes a la función policial. La investigación apuntaba así a determinar no solamente las responsabilidades individuales de los efectivos involucrados, sino también las posibles consecuencias institucionales de utilizar personal destinado a garantizar la seguridad pública en actividades particulares durante sus horarios de servicio.

La resolución de la Cámara Federal en 2005
Un antecedente judicial relevante dentro de esta causa se produjo el 29 de diciembre de 2005, cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Santa Fe dictó el procesamiento de los imputados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.Asimismo, según los antecedentes informados, se estableció una multa de 20.000 pesos para cada uno de los involucrados en concepto de responsabilidad civil.
Esta resolución constituyó un avance judicial significativo, al reconocer la relevancia penal de las conductas investigadas en relación con el ejercicio de la función pública.
Una cuestión que trasciende a los involucrados
El caso de Puerto Rosales plantea una cuestión fundamental sobre los límites entre el servicio público y los intereses privados. La Policía Adicional constituye una modalidad de prestación de servicios extraordinarios, pero su utilización no debería comprometer las obligaciones ordinarias de los funcionarios ni afectar la cobertura de seguridad que el Estado tiene el deber de garantizar.
Cuando un efectivo policial recibe una asignación para custodiar instalaciones privadas, resulta indispensable que esa actividad se desarrolle dentro del marco legal y administrativo correspondiente, sin desatender las responsabilidades que derivan de su cargo.
La causa penal 86/99 dejó planteados interrogantes sobre los mecanismos de control de los servicios adicionales, la supervisión de los horarios de guardia y la responsabilidad de quienes deben garantizar que los recursos humanos de las fuerzas de seguridad sean utilizados conforme a la normativa vigente.
La cuestión central sigue siendo de interés público: ¿quién controla que los servicios de Policía Adicional no se conviertan en una vía para desatender las obligaciones del Estado y comprometer la seguridad pública?
Funcionarios Publicos Involucrados
Juzgado Federal N° 2
- Dr. Luis Ramón Dardanelli Alsina (Juez Federal Juzgado Federal N 2)
- Dr. Santiago U. Martinez (Secretaria Federal
Funcionarios de la Prefectura Naval Argentina
- Subprefecto Coutinho (jefe del Destacamento)
- Suboficial Ayudante de Primera Raúl Enrique Acosta (Encargado del Destacamento)
- Suboficial Ayudante de Primera Antonio Ruiz Díaz
- Suboficial Ayudante de Primera Jorge Salgado
- Suboficial Ayudante de Segunda Alberto Pisani
- Suboficial Ayudante de Segunda Rolando Ascencio
- Suboficial Ayudante de Segunda Abel Almirón
- Suboficial Ayudante de Tercera Ricardo Garcilazo
- Suboficial Ayudante de Tercera Jorge Burgûi