Una denuncia que involucró a personal de Prefectura Naval Argentina y puso bajo cuestionamiento el control de embarcaciones judicialmente interdictas en Puerto Galván.
La Denuncia Penal N.º 189/99, presentada ante el mismo Juzgado Federal secretaria N° 6, y ante los mismos funcionarios judiciales que intervinieron en actuaciones anteriores, incorporó nuevas imputaciones y cuestionamientos relacionados con el accionar de personal de la Prefectura Naval Argentina en jurisdicción de Bahía Blanca y Puerto Rosales.
Entre los hechos denunciados se incluyeron vulneraciones de derechos y garantías, tanto del denunciante como de las personas ofrecidas como testigos (causa 86/99), además de situaciones que, según lo expuesto en la presentación judicial, comprometerían el funcionamiento y los mecanismos de control de la institución.
Transporte irregular de animales desde Isla Trinidad

Uno de los aspectos señalados en la denuncia se relaciona con la autorización o tolerancia de actividades de transporte de animales por parte de personas ajenas a la institución.Según el relato incorporado a la presentación, particulares que utilizaban embarcaciones deportivas, carentes de las habilitaciones correspondientes, trasladaban animales vivos y faenados procedentes de la Isla Trinidad, ubicada en las proximidades de Punta Alta. Entre los animales mencionados figuraban chivos, ovejas y vacas.
Estas operaciones no habrían sido posibles sin la colaboración de determinados integrantes del personal del Destacamento y de otros funcionarios de la Prefectura Naval Argentina.
En ese contexto, fueron mencionados los siguientes efectivos:
- Prefecto Principal Pedro Pascual Peralta
- Prefecto Principal Cayupi
- Prefecto Sergio José Gaetán
- Subprefecto Coutinho
- Oficial Principal Silvero.
La inclusión de estos nombres responde exclusivamente a las manifestaciones contenidas en la denuncia y no constituye, por sí misma, una determinación judicial de responsabilidad individual.
El ROBO DE BUQUES BAJO INTERDICCIÓN JUDICIAL
Otro de los capítulos centrales de la Denuncia Penal 189/99 estuvo relacionado con la sustracción de la totalidad o de distintos elementos y componentes pertenecientes a varias embarcaciones que se encontraban bajo interdicción de salida dispuesta por la Justicia Federal.Los buques identificados en la presentación fueron:- GARNELA.- ARCO IRIS.- PLAYA DE CANAVAL.- TUCANA I.- CAVO VERDE.
De acuerdo con lo denunciado, estas embarcaciones permanecían amarradas en Puerto Galván y contaban con personal de guardia de la Prefectura Naval Argentina. Los efectivos cumplían turnos de ocho horas a bordo, circunstancia que, según el denunciante, debía garantizar la custodia y preservación de los bienes sujetos a disposición judicial.Sin embargo, la presentación atribuyó las sustracciones denunciadas a presuntas maniobras de encubrimiento y falta de control por parte de distintos responsables de la dependencia y de las áreas operativas de Prefectura Bahía Blanca.
Entre los funcionarios mencionados en este contexto se encontraban:
- Prefecto Principal Jorge López
- Prefecto Principal Julio César Ojeda
- Prefecto Principal Luis María de Bardeci
- Prefecto Principal Cornelli.
También se hizo referencia a otros responsables que habrían ocupado posteriormente esos cargos.
La incógnita de los aproximadamente 900.000 litros de Gasoil uno de los interrogantes más relevantes planteados en la denuncia se relaciona con el combustible que, según los inventarios mencionados por el denunciante, se encontraba almacenado en las embarcaciones.

La presentación sostenía que los buques habían sido apresados a más de 150 millas náuticas de las costas marítimas argentinas y que posteriormente fueron trasladados hasta Puerto Galván.
En la denuncia de destacó que las embarcaciones realizaron ese recorrido con capacidad de navegación propia, sin necesidad de ser remolcadas, por lo que necesariamente habrían utilizado combustible para completar la travesía.
Asimismo, los inventarios practicados sobre las embarcaciones había registrado aproximadamente 150.000 litros de gasoil por buque.Tomando como referencia seis embarcaciones y esa cantidad estimada, la denuncia planteó un volumen total cercano a los 900.000 litros de combustible.
La cuestión central que se desprende de este planteo es determinar qué ocurrió con ese combustible durante el período en que las embarcaciones permanecieron amarradas e interdictas judicialmente.
¿Existieron controles periódicos de los inventarios?
¿Se documentaron extracciones, consumos o transferencias?
¿Quiénes tenían a su cargo la custodia material de las embarcaciones y sus bienes?
¿Qué registros administrativos y judiciales permiten reconstruir el destino de esos recursos?
Son interrogantes que, desde una perspectiva documental, merecen especial atención.
El archivo de la causa y los interrogantes pendientes
Según la información consignada, la causa fue archivada el 4 de febrero de 2000, por disposición del entonces juez federal Luis Ramón Dardanelli Alsina. El archivo de una causa no debe confundirse automáticamente con una declaración judicial de inexistencia de los hechos denunciados, ni tampoco permite afirmar que las personas mencionadas hayan sido declaradas culpables.
Sin embargo, la decisión de archivar las actuaciones tampoco elimina la importancia histórica y documental de los hechos expuestos ni la necesidad de conocer qué elementos probatorios fueron examinados y cuáles fueron los fundamentos de aquella resolución.
Una cuestión que merece respuestas documentales
La denuncia dejó planteados interrogantes sobre la custodia de embarcaciones sometidas a interdicción judicial, el control de sus inventarios, la sustracción de elementos y el destino de importantes cantidades de combustible.
También cuestionó la actuación de distintos integrantes de la Prefectura Naval Argentina y el tratamiento que recibieron las denuncias y los testimonios presentados ante la Justicia.
Más allá del archivo de las actuaciones, resulta fundamental establecer qué documentación existe sobre el ingreso de los buques a Puerto Galván, sus inventarios iniciales, las condiciones de custodia, las inspecciones realizadas y el destino de los bienes que se encontraban a bordo.
La pregunta de fondo continúa siendo documental y concreta
¿qué ocurrió realmente con las embarcaciones, sus componentes y el combustible que, según los inventarios denunciados, se encontraba en ellas?
La transparencia institucional y el acceso a la documentación pública constituyen herramientas esenciales para esclarecer hechos de esta naturaleza.
INFODELITOS — Periodismo ciudadano, investigación documental y memoria de las denuncias pública
Gustavo Gabriel Calderon